perjuicio" a los derechos humanos en Venezuela y sirvieron para montar una "concentración de poder" y un "deterioro judicial" de tal magnitud que serán difíciles de revertir ni aún si se diera un cambio de gobierno en las elecciones de octubre próximo.

"En este momento, en Venezuela no hay institución ni autoridad alguna que pueda ejercer el poder de acuerdo con la constitución política en términos independientes de lo que sean los deseos o la voluntad del Ejecutivo", fue el diagnóstico de Human Rights Watch (HRW) sobre el país y el gobierno, que es uno de los principales aliados y modelo de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, en la región.

Hace cuatro años, cuando hizo un informe parecido, la organización independiente HRW fue expulsada de Venezuela por orden de Chávez. "Por esta razón nos vemos obligados a hacer la presentación en Washington en lugar de, como es norma en HRW, en el mismo país del que estamos hablando", dijo en conferencia de prensa el responsable para América latina de la entidad, el chileno José Miguel Vivanco.

Titulado "Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez", el informe, de 134 páginas, abunda en casos concretos en los que el Ejecutivo asfixió los derechos civiles en materia de expresión, procesos judiciales independientes y "manipulación" de los resortes que garantizan un sistema democrático.

El informe previene que ni siquiera la llegada de un líder opositor en las elecciones de octubre próximo puede revertir el daño infligido. "Lo que hay por delante es un enorme desafío de recuperación que llevará años", dijo Vivanco.

Hasta ahora, las encuestas muestran que Chávez, que ya lleva 13 años en el poder y busca ser reelegido, tiene una ventaja de 15 puntos sobre su adversario, Henrique Capriles, que lo acusó de "usar arbitrariamente" la estructura del Estado para la campaña.

Vivanco previno especialmente por "lo que podría llegar a suceder" si el resultado electoral es impugnado, ya que el sistema judicial que se gestó con Chávez está "completamente subordinado a los deseos y necesidades del gobierno''.

"La acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos le permitieron al gobierno de Chávez intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra opositores en varios casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil'', señala el informe.